Unión aduanera de la UE y cooperación fiscal

La unión aduanera es una competencia exclusiva de la Unión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), TFUE. Los artículos 28–33 prohíben los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente entre los Estados miembros y establecen un arancel aduanero común frente a terceros países. La legislación aduanera establece normas sobre procedimientos, valor, origen, clasificación, supervisión y deuda.

La fiscalidad sigue siendo principalmente nacional. El artículo 113 TFUE permite la armonización de los impuestos indirectos necesaria para el mercado interior y para evitar distorsiones. El artículo 115 sustenta determinadas aproximaciones en materia de fiscalidad directa cuando las legislaciones nacionales inciden directamente en el mercado interior.

Ambas vías requieren normalmente que el Consejo se pronuncie por unanimidad, previa consulta al Parlamento y al Comité Económico y Social Europeo. El Parlamento emite un dictamen, pero no participa en una codecisión mediante el procedimiento ordinario. La política fiscal no recurre, por lo general, a la votación por mayoría cualificada.

El Reglamento (UE) n.º 952/2013, el actual código aduanero de la Unión, constituye el marco normativo central. La nomenclatura combinada clasifica las mercancías; el arancel aduanero común vincula la clasificación con los derechos y las medidas comerciales. El valor y el origen también influyen en el trato aplicable. El origen preferencial puede permitir la aplicación de un derecho reducido o nulo en virtud de un acuerdo o régimen autónomo cuando se demuestre que se cumplen sus condiciones.

Las administraciones aduaneras nacionales recaudan los derechos, analizan los riesgos y hacen cumplir las normas fiscales y no fiscales, incluidas las relativas a la seguridad de los productos, las sanciones y las restricciones medioambientales. La Comisión vela por la aplicación uniforme y gestiona sistemas comunes; no sustituye a los funcionarios de aduanas nacionales.

Las mercancías de la Unión circulan generalmente sin formalidades aduaneras internas. El despacho a libre práctica confiere a las mercancías no pertenecientes a la Unión el estatuto de mercancías de la Unión una vez cumplidos los requisitos de importación. El tránsito, el depósito, el perfeccionamiento activo y la importación temporal suspenden o modifican las cargas en condiciones definidas.

El IVA es un impuesto sobre el consumo que se recauda a lo largo de la cadena de suministro y recae sobre el consumidor final. La Directiva 2006/112/CE armoniza las operaciones, las normas sobre el lugar de prestación o entrega, las deducciones, las exenciones, la facturación y los tipos. Los Estados miembros la administran. Los tipos normales deben ser de al menos el 15 %; los tipos nacionales siguen variando.

Las normas sobre el lugar de prestación o entrega atribuyen las potestades tributarias. La ventanilla única centraliza las declaraciones de determinadas operaciones transfronterizas destinadas a consumidores; la ventanilla única de importación abarca las ventas a distancia de escaso valor que cumplan los requisitos. El recurso propio de la UE basado en el IVA no constituye ingresos nacionales procedentes del IVA.

Los impuestos especiales gravan el alcohol, el tabaco y la energía. La legislación de la UE establece disposiciones comunes y tipos mínimos; los Estados miembros fijan los tipos nacionales. La tributación comercial sigue generalmente el lugar de consumo. El Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales realiza el seguimiento de los productos en régimen suspensivo. Los ingresos corresponden a los Estados miembros.

Los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas y las sociedades siguen siendo nacionales, sin perjuicio de las libertades de los Tratados, las normas sobre ayudas estatales y la legislación específica de la UE. Las directivas abordan los pagos transfronterizos, las fusiones, la lucha contra la elusión fiscal, la tributación efectiva mínima de las sociedades y la cooperación administrativa. El Tribunal de Justicia puede declarar que una norma tributaria nacional restringe injustificadamente la libre circulación incluso sin legislación de armonización.

La Directiva relativa a la cooperación administrativa, o DAC, permite el intercambio de información fiscal. Sus modificaciones abarcan las cuentas, las resoluciones fiscales, los informes país por país, los mecanismos sujetos a comunicación de información, las plataformas y los criptoactivos. DAC9, adoptada en abril de 2025, normaliza la información sobre el impuesto complementario conforme a las normas de tributación mínima de la UE. Las directivas siguen requiriendo transposición.

FASTER, adoptada en diciembre de 2024, crea un certificado digital de residencia fiscal y procedimientos más rápidos de desgravación de las retenciones en origen. Los Estados miembros deben transponerla a más tardar el 31 de diciembre de 2028 y aplicar las normas desde el 1 de enero de 2030. Está adoptada, pero aún no es aplicable desde el punto de vista operativo.

ViDA fue adoptado el 11 de marzo de 2025 y entró en vigor el 14 de abril. Su despliegue continúa hasta 2035. Los Estados miembros pueden introducir la facturación electrónica obligatoria en determinadas condiciones; se reforzaron los controles de la ventanilla única de importación.

Las normas sobre plataformas consideradas proveedores y registro único comienzan a aplicarse en julio de 2028. La comunicación digital de información sobre operaciones transfronterizas entre empresas se aplica desde julio de 2030. Los sistemas nacionales de comunicación de información en tiempo real deben ajustarse al modelo de la UE a más tardar en enero de 2035.

La Comisión propuso un nuevo código aduanero de la Unión en mayo de 2023. El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional el 26 de marzo de 2026. La arquitectura acordada crearía una Autoridad Aduanera de la UE en Lille, un Centro Aduanero de Datos de la UE y el estatuto de operador de confianza y control para los comerciantes transparentes. Las administraciones nacionales conservarían los controles de primera línea.

El acuerdo político prevé la apertura del Centro de Datos al comercio electrónico el 1 de julio de 2028 y su ampliación gradual a todos los movimientos de mercancías a más tardar el 1 de marzo de 2034. Un acuerdo político no equivale a la firma definitiva, la publicación en el Diario Oficial ni la aplicación. A 17 de agosto de 2026, los informes oficiales sobre los avances siguen calificando el resultado de marzo como acuerdo político. Por tanto, el Reglamento 952/2013 sigue siendo el código aplicable hasta que se confirmen la adopción formal y la entrada en vigor.

El Reglamento (UE) 2026/382 ya aplica un derecho de aduana temporal de 3 € a los envíos de escaso valor de hasta 150 € desde el 1 de julio de 2026. Se calcula por categoría arancelaria, no por cada unidad física. Este derecho es distinto de la tasa de tramitación prevista en la reforma más amplia.