Fundamentos, competencias y principios

La Unión actúa únicamente dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados (artículo 5, apartado 2, TUE). Las competencias son exclusivas, compartidas o de apoyo. En los ámbitos exclusivos solo la Unión puede legislar, mientras que los Estados miembros podrán actuar si están facultados por la Unión o para la ejecución de actos de la Unión. En los ámbitos compartidos, los Estados miembros pueden actuar en la medida en que la Unión no haya ejercido su competencia o haya dejado de ejercerla. La competencia de apoyo permite que la acción de la Unión respalde, coordine o complemente la acción de los Estados miembros sin armonizar las legislaciones nacionales cuando los Tratados excluyan la armonización.

La subsidiariedad se aplica únicamente en ámbitos que no sean de competencia exclusiva. La Unión podrá actuar solo si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados miembros y pueden, en razón de la dimensión o de los efectos de la acción pretendida, alcanzarse mejor a escala de la Unión (artículo 5, apartado 3, TUE). La proporcionalidad exige que la acción de la Unión no exceda de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (artículo 5, apartado 4, TUE). Ambos principios limitan la acción de la Unión y son justiciables. Los Parlamentos nacionales controlan la subsidiariedad con arreglo al Protocolo n.º 2, pero el control último corresponde al Tribunal de Justicia.

Con arreglo al artículo 4, apartado 3, TUE, la Unión y los Estados miembros se asistirán mutuamente en el cumplimiento de las tareas derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro los objetivos de la Unión. Se respeta la autonomía procedimental nacional, pero está limitada por los principios de equivalencia y efectividad: los recursos nacionales por incumplimiento del Derecho de la Unión no deben ser menos favorables que los aplicables a reclamaciones nacionales similares ni deben hacer prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión.

La primacía significa que una norma nacional contraria no puede menoscabar la efectividad del Derecho de la Unión aplicable. El efecto directo permite a los particulares invocar el Derecho de la Unión ante los órganos jurisdiccionales nacionales cuando la norma sea suficientemente clara, precisa e incondicional. Los reglamentos tienen normalmente efecto directo; las directivas solo pueden tener efecto directo contra el Estado (vertical) y únicamente si no se han transpuesto en plazo o se han transpuesto incorrectamente. Las directivas no pueden, por sí mismas, imponer obligaciones a los particulares (no tienen efecto directo horizontal).

Los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva aplicable (interpretación conforme). Cuando un Estado miembro infringe el Derecho de la Unión, la responsabilidad del Estado puede dar lugar a la reparación del perjuicio causado por una infracción suficientemente caracterizada, siempre que la norma tenga por objeto conferir derechos, la infracción sea suficientemente caracterizada y exista un nexo causal. Los principios generales como la seguridad jurídica y la confianza legítima exigen normas claras y previsibles y garantías precisas procedentes de una fuente autorizada.